El objetivo era trasponer la legislación comunitaria, blindar las marcas de calidad alimentaria y aclararle a los artesanos qué pueden hacer y qué no. El resultado son 42 páginas de un anteproyecto de ley que hasta el 30 de junio admite alegaciones. Leídas con detalle, incluyen una revolución del sector. «Nuestra idea es que la norma dure los próximos 25 años, y por eso hemos previsto las situaciones que hay ahora, y las que pueden venirnos después», explica Jesús Casas, director general de Desarrollo Rural y Agroalimentación.

Un ejemplo. El documento propone hasta 300.000 euros de multa por «la falsificación de productos» alimentarios. «No es un problema al que nos estemos enfrentando, pero hay que prevenir», justifica el directivo de la Consejería de Desarrollo Rural.

La sanción es igual para quien utilice nombres, «símbolos o emblemas» que sean propios o que «por su similitud fonética o gráfica (…) puedan inducir a confusión sobre la naturaleza, calidad y origen geográfico de los productos alimentarios, aunque vayan precedidos por los términos ‘tipo’, ‘estilo’, ‘género’, ‘imitación’, ‘sucedáneo’» o similares. Es decir, aunque un queso se haga en Cabrales, «no se puede vender como tal si no está dentro de la Denominación de Origen Protegido», sitúa Casas. «El valor de las marcas de calidad es muy grande y todos los años tenemos en queso o en sidra algún productor un poco ladino que juega al despiste» con las etiquetas, ilustra.

Las infracciones leves se castigan con menos de 3.000 euros, las graves llegan hasta los 30.000, y para las muy graves se pasa de ahí a los 300.000. El catálogo de conductas es abundante. «Lo hicimos así porque el régimen sancionador tiene que estar en una norma con rango de ley», disculpa el director general. «El resultado es muy garantista, huimos de tener al inspector encima de la gente y nos basamos en la libertad del productor», agrega.

¿Cómo lo consigue? Fundamentalmente, haciendo a cada productor responsable de su propio control. El texto obliga a guardar toda la documentación que pruebe la trazabilidad del artículo que se quiera vender, es decir, de dónde vino la materia prima, cuánto se utilizó, cuándo, etcétera. «Yo no estaré a tu lado para ver si echas cinco huevos y tres cuartos de kilo de harina para hacer las marañueles, pero tienes que documentar que lo haces así, ponerlo en un papel y guardar las facturas de esos huevos que adquiriste», ejemplifica Casas. La documentación debe conservarse durante toda la vida útil del producto y seis meses más.

La norma insta a todas las empresas y artesanos a apuntarse en distintos registros, donde aclaren qué es lo que venden. «Eso nos dará una idea más precisa del sector», señala el director general. También se anuncia un registro de productos tradicionales abierto al público, para que no se venda como tal recetas contemporáneas.

Con el texto en vigor, un vendedor de sidra natural deberá estar dado de alta como productor y «cumplir unas condiciones de calidad, seguridad y etiquetado para que quien compre tenga la seguridad de lo que se lleva», expone Casas. Un artesano que despache jabones deberá también registrarse y documentar el origen de sus materias primas.

El texto obliga a refundar los consejos reguladores. Hasta ahora son organismos desconcertados de la administración, y la UE exige que pasen a ser corporaciones de derecho público, esto es, entes externos a la administración a los que se confía determinadas funciones. El borrador aprovecha de paso para poner la primera piedra jurídica con la que convocar elecciones que aclaren el peso de cada organización agraria en el sector.

Fuente de la noticia: www.elcomercio.es

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