El Parlamento Europeo acaba de dar luz verde a la nueva Política Agraria Común (PAC) para el período 2023-2027. Con una orientación más agroecológica, ahora queda pendiente el trámite de negociación entre la Eurocámara, la Comisión Europea y el Consejo Europeo, lo que se conoce como trílogos.
La nueva PAC ha contado con el voto a favor de socialistas, populares y liberales, mientras que se han opuesto los partidos ecologistas, que afirman que no cumple como debería con los objetivos del Pacto Verde Europeo.
El presupuesto con el que se la ha dotado es de 387.000 millones de euros, de los que a España le corresponden casi 48.000 millones (unos 7.000 millones anuales). Del presupuesto total se contempla que 291.100 se destinen a pagos directos del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y 95.500 para las ayudas del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), que es el que afecta a las ayudas LEADER.
En este nuevo período, los gobiernos nacionales tendrán un mayor margen de maniobra a la hora de decidir la distribución de los fondos europeos, siempre que se respeten los compromisos medioambientales y climáticos de la UE. Se trata de los Planes Estratégicos Nacionales que, ante la complejidad de las características de los diferentes Estados miembros, cada uno de ellos podrá diseñar unas políticas más acordes a su idiosincrasia y necesidades.
Una de las características de la PAC para el próximo período es que se define por ser más agroecológica, lo que condiciona la percepción de las ayudas al cuidado del entorno medioambiental. Esta nueva perspectiva aúna la agricultura ecológica y la sostenibilidad, persiguiendo una nueva economía en la que se implique cada vez más el trabajo del agricultor con el cuidado del medio ambiente, por lo que si quiere ser perceptor de las ayudas tendrá que adoptar estas nuevas obligaciones.
Esta apuesta plantea dedicar al menos el 35% del presupuesto de desarrollo rural a todo tipo de medidas relacionadas con el medio ambiente y el clima, frente al turismo rural.
Ecoesquemas
Se introduce una nueva figura, los ecoesquemas, unos ecoprogramas por los que tanto agricultores como ganaderos que participen de ellos recibirán bonificaciones. Se trata de una medida que pretende incentivar o compensar aquellas prácticas agroganaderas más respetuosas con el medio ambiente y que van más allá de los mínimos que establece la normativa europea. En otras palabras, supone un plus de apoyo para el pastoreo extensivo, la mejora de la biodiversidad, la coexistencia con grandes carnívoros, la fijación de CO2, rotaciones de cultivos, gestión de residuos, eficiencia energética o el ahorro de agua.
El principal escollo respecto a estos ecoesquemas es la negociación del umbral mínimo para esta ayuda que los Estados miembros tendrán que pagar a agricultores y ganaderos por ir más allá de los requisitos verdes obligatorios: mientras que los Ministerios de Agricultura acordaron reserva el 20% del presupuesto a pagos directos de la PAC, los eurodiputados lo fijan en un mínimo del 30%.
Y si se contemplan ayudas para estas figuras de guardianes del territorio, también habrá sanciones más duras para los reincidentes contra las normas medioambientales o de bienestar animal.
La figura del agricultor genuino
Otro elemento fundamental para el nuevo período 2023-2027 es la definición del agricultor genuino, al que se considera como aquella figura para la que la actividad agraria es una fuente significativa de ingresos, percibiendo entre un 20 y un 30% de ingresos agrarios sobre el total de la renta. Característica del sector agroalimentario español son las pequeñas y medianas explotaciones basadas en modelos de agricultura familiar y profesional, lo que podría dejar fuera a los pequeños agricultores.
También se está negociando la definición de los productores verdaderos que podrán tener acceso a las ayudas europeas, ya que la Eurocámara quiere garantizar que los pagos lleguen únicamente a aquellos profesionales que desarrollen “al menos un nivel mínimo de actividad agraria”. A este respecto, los Estados miembros pretenden que este concepto sea establecido a nivel estatal.
Mujeres y jóvenes
El enfoque de género se ha integrado por primera vez en la redacción de la PAC, contemplando intervenciones en el Plan Estratégicos Nacional en las que se discrimine positivamente a las mujeres para que tengan más oportunidades de asumir el papel de titular de explotación agraria o pequeña y mediana empresas agroalimentaria en el medio rural.
El objetivo es que las mujeres desempeñen un papel más activo y visible en las comunidades rurales liderando empresas, organizaciones y cooperativas.
Los jóvenes también tendrán un mayor protagonismo en esta nueva PAC más reformista frente al continuismo de las anteriores. Se tendrá que destinar al menos el 2% de los fondos de la Política Agraria Común a los jóvenes agricultores a través de complementos de pago en el primer local (las ayudas directas) y ayudas a la primera instalación, que podrán alcanzar hasta los 100.000€ por joven que se instala por primera vez.
También contempla la reducción obligatoria y progresiva de la cuantía de los pagos directos a partir de más de 60.000# anuales y limitarlos a 100.000€ anuales por explotación, aunque los agricultores podrán deducir el 50€ de los sueldos relacionados con la agricultura de las ayudas obtenidas para determinar los topes.
Menos burocracia
A partir de 2023 se podrán recibir ayudas sin tener que presentar formalmente una solicitud, para lo que se hará un uso intensivo de las nuevas tecnologías, que permitirán capturar directamente los datos necesarios. Será así una PAC más simplificada.
La nueva PAC pasa a ser una política orientada a la consecución de resultados concretos vinculados a tres objetivos generales: el fomento de un sector agrícola inteligente, resistente y diversificado que garantice la seguridad alimentaria, la intensificación del cuidado del medio ambiente y el fortalecimiento del tejido socio económico de las zonas rurales. De ellos se desprenden otros nueve objetivos específicos que concretan a los anteriores, como asegurar unos ingresos justos a los productores, aumentar la competitividad, reequilibrar el poder en la cadena alimentaria o apoyar el relevo generacional.
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