La UE quiere mejorar los servicios, la actividad económica y las conexiones en el 80% del territorio
Bruselas, Mario BANGO
El periodista asturiano Mario Bango, muy vinculado a READER desde hace varios años, inicia con este artículo una colaboración con nuestra red desde Bruselas, capital de la Unión Europea. Mario Bango, que cuenta con una amplia experiencia periodística, traerá a esta web y a las publicaciones de READER la información más importante que sobre el desarrollo y los territorios rurales se genere desde las instituciones comunitarias; así como entrevistas a aquellas personas que directa o indirectamente estén vinculados a la iniciativa LEADER en las distintas sedes de la UE. Para READER es un orgullo y un lujo poder contar en la capital europea con alguien tan valioso como Mario Bango.
La Comisión Europea ha lanzado, a finales del mes de junio, dos nuevas propuestas a largo plazo, en el horizonte de 2040, para la mejora de la vida rural: un Pacto y un Plan de Acción Rural. Serán la guía de las actuaciones de la Unión Europea en esos territorios, además por supuesto, de la Política Agraria Común (PAC), cuya reforma se ha retrasado ostensiblemente pero que acaba de ser aprobada.
La finalidad es conseguir unas áreas rurales más fuertes, conectadas, resilientes y prósperas. Con el Pacto Rural que pretende recoger la opinión y los criterios de todos los afectados por la vida en ese entorno en escala local, regional, nacional y europea, se abrirá un Observatorio interno, en la propia Comisión, para analizar los datos que vayan recogiéndose y servirá para comprobar si las políticas que se apliquen logran sus objetivos.
Pero el verdadero meollo de la idea presentada por la vicepresidenta de la Comisión, titular de Democracia y Demografía, la croata Dubravka Suica, y por comisarios de Agricultura, el polaco Janusz Wojciechowki y de Cohesión y Reformas, la portuguesa Elisa Ferreira, es el Pacto Acción Rural, que concentrará las medidas que pretenden mejorar la vida en los entornos rurales.
Casi el 30% de la población, unos 137 millones de europeos, reside en áreas rurales que representan el 80% del territorio y que son muy diversas y con objetivos totalmente diferentes, pero que, en general, están en el 75% del PIB de la UE, es decir bastante por debajo de la media europea. El 61% de esos territorios siguen perdiendo población frente al 39 que permanecen estables o ganan habitantes. Casi el 80% de los europeos apoya que se les tenga en cuenta en la distribución de fondos y el 50% de los que viven en ellos se quejan de la falta de infraestructuras y servicios. Para luchar contra esas diferencias que Elisa Ferreira denominó “la geografía del descontento” nace este plan que tiene la mirada larga, que va mucho más allá de la Política Agraria Común (PAC) destinada ésta a proteger y sostener la actividad agrícola y ganadera y que ha sido profundamente reformada tras tres años de intensas negociaciones. Pero no entrará en vigor plenamente hasta principios de 2023, con dos años de retraso sobre el calendario previsto.
Pues bien, el Plan de Acción Rural tiene cuatro finalidades claras con una propuesta de largo alcance y siempre de acuerdo con los dos principios fundamentales de la actual Comisión Europea: respeto y mejora medioambiental y profundización en la digitalización. De ese modo los cuatro aspectos son: 1) zonas rurales más fuertes, mejor capacitadas, con más servicios y una innovación social, es decir luchar contra el envejecimiento y atraer a nuevos pobladores. 2) Conectadas tanto para el transporte como para el acceso digital, puesto que hoy en día están en clara desventaja con las zonas urbanas. 3) Lucha contra el cambio climático, intensificación de las actividades ecológicas mediante la mejora de la formación y la aparición de empleos de calidad ligados a estos procedimientos. Y 4) una apuesta clara por la diversificación económica, la mejora del valor añadido de la agricultura, de las actividades agroalimentaria y el agroturismo.
La Comisión supervisará el Plan de Acción Rural y lo actualizará en función del resultado de las políticas que vayan aplicándose. Para ello pondrá en marcha lo que se ha denominado “comprobación del efecto local” que permitirá analizar las políticas comunitarias desde una perspectiva rural. “Tenemos que conseguir que nuestros fondos se coordinen para mejorar su acción también en las zonas rurales” aseguró la vicepresidenta Suica.
El hecho de que tres comisarios europeos presentaran conjuntamente esta propuesta da idea de la importancia que se le da al asunto. Una vez resuelta la PAC, que prevé más de 47.000 millones de euros para España en el período 21-27, la Comisión quiere que la visión de las zonas rurales vaya más allá. Un renacimiento de la actividad económica que sirva al mismo tiempo de lucha contra el envejecimiento y la despoblación. “Es verdad que hay enormes diferencias entre unos territorios y otros y por eso queremos dar la palabra a los afectados y a sus representantes” subrayó la comisaria Ferreira.
Bruselas quiere una visión desacomplejada de esos entornos con oportunidades para actividades que no sean solo la agricultura, la ganadería y la silvicultura. Y se considera, además, que durante la pandemia quedó clara la importancia de estos territorios para abastecer a las poblaciones. Y estima que el papel de la mujer será muy importante en el mantenimiento de las actividades y de la economía rurales.
Ahora el Pacto y le Plan se someten a debate en el Comité de las Regiones, donde están representadas todas las comunidades y municipios de la UE, y a mediados de 2023 la Comisión hará balance de las medidas financiadas por la UE y los estados miembros que hayan puesto en marcha programas de apoyo rural. El informe público con ese contenido se publicará a principios de 2024 y servirá de base para marcar las pautas del siguiente período de programación 2028-2034.
“La visión a largo plazo es el primer paso para la transformación de esas zonas en las que es necesario un desarrollo sostenible tal como marca la nueva PAC” según el comisario Wojciechowki. Para ello hay que mejorar las infraestructuras y los servicios las grandes demandas de sus poblaciones, que va desde la ausencia de oficinas bancarias hasta la falta de suministros básicos como la electricidad. Más del 90% de los encuestados creen que solo habrá una mejora sustancial con la conectividad, la oferta de servicios electrónicos y la mejora del comportamiento medioambiental y climático de las actividades que se desarrollan en esos entornos.
Tanto el Pacto como el Plan son la consecuencia de dos años de investigación social mediante encuestas y peticiones de colaboración a los habitantes de esos territorios y sus organizaciones representativas, además de la opinión de entidades políticas y administrativas. Y pese a la diversidad parece que existe un claro acuerdo sobre las necesidades que hay que cubrir para revertir la caída de población y la renovación de sus habitantes.
